Canarias ha vivido en los últimos años una revolución en el
transporte aéreo que le ha permitido acercarse más que nunca a la Península. El
aumento de las conexiones desde las Islas, impulsado definitivamente por la
introducción de las compañías low cost, permitió un aumento de la
competencia y una rebaja definitiva del coste del billete.
Este nuevo escenario, consolidado a mitad del decenio
pasado, consiguió desterrar postales de color sepia, cuando un vuelo en clase
turista desde las Islas a la Península tenía un precio inalcanzable para casi
cualquier familia de clase media. Valga la anécdota personal: en los 80 y los 90,
mi familia -Navidad tras otra- llegaba a pagar hasta 500.000 pesetas por cuatro
pasajes destino Valencia.
Es un caso personal, pero estoy seguro de que los que lean
esta columna conocerán casos similares. Afortunadamente el paulatino incremento
de la subvención al transporte, junto a la citada competencia,
estableció un escenario muy favorable en términos económicos, situando el
precio medio de un billete (previo colapso de Spanair) desde Canarias a Madrid
entre los 65 y 100 euros.
Esta nueva realidad ha permitido una revolución total que ha
tenido un resultado claro: la articulación de dos artículos de la ConstituciónEspañola -concretamente el 9.2 y el 138.1- que no solo recogen el principio de
solidaridad entre territorios, sino que determinan literalmente la obligación del Estado de eliminar aquellos
obstáculos “que impidan o dificulten (…) la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social [del país]”.
Por tanto, no es una concesión gratuita. Es un mandato
constitucional. Y ha tenido un resultado muy positivo. Entre otros, para los
estudiantes que se desplazan a cursar estudios fuera y que, hasta no
hace tanto tiempo, tenían restringidas sus visitas familiares en fechas
señaladas como Navidad, Semana Santa o verano por el alto coste del trayecto.
Con la decisión que hemos conocido este viernes, durante la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este escenario de normalidad
se pone en entredicho. La rebaja de un 16,5 por ciento (65 millones de euros)
sobre la subvención al transporte aéreo establece un nuevo escenario cuyo
impacto habrá que cuantificar.
Más aún cuando está reciente la quiebra de la compañía
Spanair, lo que ha reducido la oferta de plazas y por tanto provocado un
incremento en el coste medio del billete que está teniendo consecuencias no
solamente para los canarios, sino para todos aquellos que visitan las Islas.
Esta situación retrotrae a Canarias a momentos del pasado. Espero
que no sea a los grises años 80, cuando volar era un acontecimiento (también
para el bolsillo). Y las aeronaves eran aquellos vetustos
DC-9 de Aviaco donde la gente fumaba sin parar y había ciudadanos de primera y segunda clase…
Cabe recordar que la actual deducción del 50 por ciento del precio
billete para los ciudadanos residentes (en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla)
se estableció en 2007, tras paulatinos incrementos en esta subvención, que han
permitido una reducción del 52,5 por ciento del precio total tomando como referencia el
año 1993.
Actualmente, el Estado y la comunidad autónomo financian al
50 por ciento esa rebaja, que se establece de media en los 63,15 euros para los
vuelos con la Península y en 28 euros en los trayectos interinsulares.
