Dinero a la fuga

Esta semana una persona que trabaja en una entidad financiera de Gran Canaria me confirmó, en el transcurso de una conversación informal, lo que llevo sospechando varias semanas.  Que hace meses se registra, coincidiendo con los momentos de mayor tensión en torno a la situación económica de España, una retirada paulatina de los depósitos de extranjeros comunitarios que residen en las Islas Canarias.

La percepción de inseguridad y de riesgo de colapso del sistema han producido, según me explicaba, que estos clientes hayan ido repatriando el dinero a sus países de origen, después de haber elegido bancos españoles en los tiempos de bonanza económica.

El principal motivo por el que eligieron Canarias para transferir cantidades que suelen rondar entre los 35.000 y los 100.000 euros era la ventajosa fiscalidad para las rentas de capital en España, más competitivas que las existen en otros estados miembros de la Unión Europea.

Mientras que hasta finales del año 2011 en nuestro país se tributaba entre el 19 y el 21 por ciento del beneficio obtenido por ahorros o inversiones, en Alemania esta cantidad se elevaba hasta el 25 por ciento, por citar un ejemplo.

A los atractivos de residir en el Archipiélago, por sus condiciones climáticas, se unía hasta hace poco un entorno favorable que hizo a muchos de ellos tomar la decisión de transferir parte de su capital a entidades españolas. Sin embargo la situación ha cambiado de pleno.

Por un lado, nuestro país no ofrece ya las garantías y el contexto propicio para invertir. Permanentes dudas sobre si España será intervenida  -que lo está de facto, según muchos economistas- si será rescatada o si saldrá finalmente del euro, han configurado un panorama desfavorable que no invita a estos extranjeros a mantener su dinero en manos de la banca española.

Por otro lado, la ventajosa fiscalidad citada anteriormente ha sido modificada. Desde comienzos de 2012 el contribuyente debe pagar más por sus ahorros e inversiones, decisión que ha sido tomada en el contexto de una mayor necesidad de ingresos por parte del Estado. Así, el nuevo arco fiscal para estos productos se mueve ahora entre el 21 y el 27 por ciento.

Aunque el Banco de España no dispone de las cantidades desagregadas por comunidades autónomas, en la siguiente tabla se puede observar como entre los meses de enero y febrero de 2012 la cantidad total depósitos en manos de residentes en otros países de la zona euro disminuyó en España desde los 84.638 millones a 77.903 millones de euros. Este dato ha fluctuado en los últimos meses de forma considerable.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que, al tiempo que los países europeos más azotados por la crisis financiera (como España y Grecia) se ‘desangran’ económicamente, Alemania roza cotas históricas con los citados depósitos bancarios, como refleja esta información del prestigioso portal económico Bloomberg.

Mientras que Grecia perdió en febrero, respecto a junio de 2009, un 28 por ciento de sus depósitos y España dejaba escapar un 5%  en los últimos meses de 2011, Alemania incrementaba su cifra en un 10% tomando como referencia mayo de 2010, hasta alcanzar los 215 billones de euros.

Por tanto, a falta de datos concretos de las entidades bancarias que confirmen que esta realidad se está produciendo en las Islas, podemos al menos destacar que el contexto actual no convence en absoluto a los extranjeros, que se están llevando el dinero de los países del sur de Europa y poniéndolos a buen recaudo allá donde piensan que estará más seguro.

Datos para la (des)esperanza

En los últimos días me ha dado por repasar algunos datos que tienen que ver con la economía canaria. He intentado buscar motivos para la esperanza a medio y largo plazo. Me he querido convencer de que hay trazas de que la situación va a mejorar. Pero no nos engañemos. Mi plan ha sido un fracaso.

Partamos de la base de que no soy especialista en economía: solo soy periodista. Me he limitado a mirar un buen número de tablas y a poner éstas en relación con el actual contexto político y social. Y sobre todo con el escenario que se presenta en los próximos meses en España y en Europa. El resultado no es muy novedoso, pero puede que ayude al lector a entender algo más qué pasa con Canarias.

Vamos allá.

Hace ya cuatro años que empezó la crisis económica. Concretamente lo hizo (a nivel mundial) en el año 2008. Podría desgranar los motivos por los que colapsa el sistema. Pero como no es objeto de este post, les remitiré a este vídeo de un  fenomenal dibujante y animador catalán que ha resumido el estallido de la burbuja española de una forma inmejorable y divertida.

**Nota para el lector: no se olvide de regresar luego al blog, por favor. Queda mucho por contar

Sigamos.

Cuando empieza la crisis económica Paulino Rivero (CC) llevaba un año como presidente del Gobierno de Canarias. Lo era en virtud de un pacto con el Partido Popular,  motivo por el que el vicepresidente autonómico era José Manuel Soria (actual ministro de Industria). Ahora ya no se llevan tan bien como antes, pero lo cierto es que en el primer momento, el del estallido de la crisis, ambos eran los responsables de tomar las decisiones pertinentes para capear la tormenta que se les venía encima.

(Y José Luis Rodríguez Zapatero a nivel nacional. Aunque por entonces él seguía empeñado en no querer ver esa tormenta, como reconocería años después)

Los primeros síntomas claros de debilidad en la economía canaria aparecen en el último trimestre de 2008. Valga el dato que arrojó entonces la Encuesta de Población Activa (que registra las personas en edad de trabajar que carecen de empleo). Las Islas habían destruido 40.600 puestos de trabajo respecto al mismo período de 2007.  Aún así, el dato con el que se cerraba ese año (2008) no era demasiado malo. Un 21,2 por ciento de paro y un total de 223.000 desempleados.

Digo que no era demasiado malo por simple comparación con la situación actual: Canarias cerró 2011 con una tasa del 30,93 por ciento y con 341.900 personas en busca de trabajo. Esto, para que nos hagamos una idea, significa a trazo gordo que una de cada tres personas en edad de trabajar que vive en el Archipiélago no puede hacerlo. Somos  el segundo territorio europeo con mayor tasa de paro. El primero es Reunión, un departamento francés de ultramar. Cosas de la distancia, podría pensar uno.

Otro dato que ayuda a entender el actual panorama es el relativo a los depósitos realizados en las entidades del Archipiélago por los residentes isleños. Según datos del Banco de España, éstos ascendían a una cuantía de 57.893 millones de euros en el tercer trimestre de 2009. Dos años más tarde se habían esfumado 4.000 millones (esos depósitos bajaron hasta los 53.894 millones de euros).

PRIMERAS REACCIONES

En 2009, y ante el oscuro futuro que se planteaba para Canarias, se pone en marcha el primer Pacto Social por la Economía y el Empleo. Su impulsor fue Paulino Rivero. Quizá haya quien recuerde cómo se promocionó la firma de aquel documento: fotos, comparecencias multitudinarias, firmas a varias bandas…El presidente dijo entonces que había que mantener el diálogo y consenso para generar confianza.

No se olviden de esta última parte, la del “consenso y la confianza”. Luego nos hará falta.

Ese mismo año también se puso en marcha una de esas actuaciones que a los periodistas no gusta denominar ‘medida estrella’, con la que el Gobierno de Canarias aseguró que serían contratadas ¡80.000 personas! en un plazo de ¡16! meses.  Aquí está lo que escribieron los periódicos por entonces.

Se trataba de bonificar la cuota de la Seguridad Social para todos aquellos contratos en los que fuera rescatada una persona que se encontrara en las listas del paro. Para los que hayan empezado a hacer cálculos, desde entonces han transcurrido no 16 meses, sino el doble, 32 meses. A juzgar por los datos que dimos al comienzo del texto, la medida no fue demasiado efectiva.

QUÉ OCURRE

Canarias padece de una forma tan intensa la crisis por la debilidad de su modelo productivo, centrado esencialmente en el turismo y la construcción.  Con la restricción del crédito la mayoría de las obras quebraron, llevándose por delante a miles de obreros. Lo mismo que en el resto de España pero a lo bestia, si se me permite la expresión.

Este dato es muy fácil de entender si atendemos a los datos del paro registrado (no de la EPA) del pasado mes de marzo. De las 283.699 personas censadas en las oficinas de empleo de Canarias, 52.000 procedían del sector de la construcción y 196.000 del sector servicios.

Con el paso de los años y la falta de incentivos por parte de los sucesivos ejecutivos autonómicos para la implantación de tejido industrial en las Islas, asociados por ejemplo a las energías renovables, este territorio ha ido sumiéndose es una dependencia absoluta del turismo y la construcción. Lamentablemente con el paso de los años hemos creado un modelo perverso, en el que confluye una baja educación y una nula diversificación de la economía.

Por si fuera poco, los años de bonanza de este modelo irreal en el que España (y Canarias) vivieron durante una década -desde aproximadamente 1996, con medidas como la liberalización del suelo promulgada por el gobierno de José María Aznar, entre otras-  provocaron una fuga importante de jóvenes que, llamados por el dinero fácil, fueron a trabajar a la obra o (también sin estar cualificados) al hotel, bar o terraza de turno.

Esto provocó una incidencia clara sobre la tasa de abandono escolar del Archipiélago. Por entender la situación: en 2008 era del 34,1 por ciento. Con la crisis, y el trabajo de las administraciones (pero sobre todo por la crisis), este dato se ha atenuado hasta el 30,4 por ciento en 2010. Al mismo tiempo, en el País Vasco la tasa era del 12,6 por ciento. Es decir, casi tres veces menor.

UN LARGO PEREGRINAR

Llevamos cuatro años de estancamiento de nuestra economía y nos encontramos ante un escenario más complicado, si cabe. Los recortes del Gobierno del Partido Popular junto con la falta de empuje de la economía nacional generarán entre 500.000 y 600.000 nuevos parados. Habrá que ver cuántos de ellos (nosotros, me incluyo) estarán registrados en las oficinas de empleo de las Islas.

Paralelamente las economías europeas, que en los últimos dos años daban síntomas de mejoría, parecen estar perdiendo fuerza. Eso tendrá claramente un impacto sobre Canarias, porque es probable que dejen de  llegar turistas al Archipiélago. 2011 fue uno de los mejores años de la historia para las Islas. Lo hicieron 12 millones de personas (aunque los empresarios del sector no parecieron darse cuenta, a juzgar por sus niveles de contratación).

Sin embargo, esta afluencia masiva –auspiciada entre otros motivos por la crisis de destinos turísticos del norte de África como Túnez o Egipto- no se producirá este año. A lo que hay que unir que otro de los grandes estímulos a la llegada de visitantes, las bonificaciones a las tasas aeroportuarias, han sido eliminadas por el rodillo en el que el Partido Popular ha convertido los Presupuestos Generales del Estado. Esas bonificaciones hacían que los precios de los billetes fuera más competitivos.

Y por fin llegamos a la semana que hoy acaba. Paulino Rivero, junto a su vicepresidente socialista, José Miguel Pérez (lo que son las cosas) vuelve a convocar a los agentes sociales en la sede de Presidencia de Gobierno para hablarles de su plan para combatir el desempleo en Canarias. ¿Cómo lo hará? Adivinen.

Sí, con un nuevo Pacto Social por la Economía y el Empleo.

¿Y saben cuál será su objetivo?

Pues sí: “Buscar el consenso y generar confianza”.

(La que los canarios ya ni nos planteamos tener, añadiría yo)

#CanariosAislados (e indignados)

Canarias ha vivido en los últimos años una revolución en el transporte aéreo que le ha permitido acercarse más que nunca a la Península. El aumento de las conexiones desde las Islas, impulsado definitivamente por la introducción de las compañías low cost, permitió un aumento de la competencia y una rebaja definitiva del coste del billete.

Este nuevo escenario, consolidado a mitad del decenio pasado, consiguió desterrar postales de color sepia, cuando un vuelo en clase turista desde las Islas a la Península tenía un precio inalcanzable para casi cualquier familia de clase media. Valga la anécdota personal: en los 80 y los 90, mi familia -Navidad tras otra- llegaba a pagar hasta 500.000 pesetas por cuatro pasajes destino Valencia.

Es un caso personal, pero estoy seguro de que los que lean esta columna conocerán casos similares. Afortunadamente el paulatino incremento de la subvención al transporte, junto a la citada competencia, estableció un escenario muy favorable en términos económicos, situando el precio medio de un billete (previo colapso de Spanair) desde Canarias a Madrid entre los 65 y 100 euros.

Esta nueva realidad ha permitido una revolución total que ha tenido un resultado claro: la articulación de dos artículos de la ConstituciónEspañola -concretamente el 9.2 y el 138.1-  que no solo recogen el principio de solidaridad entre territorios, sino que determinan literalmente  la obligación del Estado de eliminar aquellos obstáculos “que impidan o dificulten (…) la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social [del país]”.

Por tanto, no es una concesión gratuita. Es un mandato constitucional. Y ha tenido un resultado muy positivo. Entre otros, para los estudiantes que se desplazan a cursar estudios fuera y que, hasta no hace tanto tiempo, tenían restringidas sus visitas familiares en fechas señaladas como Navidad, Semana Santa o verano por el alto coste del trayecto.

Con la decisión que hemos conocido este viernes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este escenario de normalidad se pone en entredicho. La rebaja de un 16,5 por ciento (65 millones de euros) sobre la subvención al transporte aéreo establece un nuevo escenario cuyo impacto habrá que cuantificar.

Más aún cuando está reciente la quiebra de la compañía Spanair, lo que ha reducido la oferta de plazas y por tanto provocado un incremento en el coste medio del billete que está teniendo consecuencias no solamente para los canarios, sino para todos aquellos que visitan las Islas.

Esta situación retrotrae a Canarias a momentos del pasado. Espero que no sea a los grises años 80, cuando volar era un acontecimiento (también para el bolsillo).  Y las aeronaves eran aquellos vetustos DC-9 de Aviaco donde la gente fumaba sin parar y había ciudadanos de primera y segunda clase…

 ALGUNOS DATOS

Cabe recordar que la actual deducción del 50 por ciento del precio billete para los ciudadanos residentes (en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) se estableció en 2007, tras paulatinos incrementos en esta subvención, que han permitido una reducción del 52,5 por ciento  del precio total tomando como referencia el año 1993.

Actualmente, el Estado y la comunidad autónomo financian al 50 por ciento esa rebaja, que se establece de media en los 63,15 euros para los vuelos con la Península y en 28 euros en los trayectos interinsulares.

La masa crítica

En el campo de la física se denomina masa crítica a la cantidad mínima de material necesario para que se mantenga una reacción nuclear. Este concepto ha sido tomado prestado por la sociología,  que se refiere al mismo de una manera muy similar, aludiendo al número indispensable de personas que son requeridas para que un fenómeno concreto tenga lugar.

Este sábado el movimiento de oposición a la instalación del petróleo en Canarias había convocado en todo el Archipiélago –así como en Madrid y Barcelona- una primera oleada de manifestaciones para expresar la disconformidad de la ciudadanía con la implantación de esta industria frente a las costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura.

Se trataba de la prueba de fuego para medir la capacidad de movilización de las distintas organizaciones que están en pie de guerra desde que, el pasado 16 de marzo, fuera anunciado la aprobación del Real Decreto que finalmente da vía libre a Repsol para que inicie los sondeos en aguas canarias.

La primera valoración que se puede realizar, cuando apenas han transcurrido dos horas de la finalización de las manifestaciones, es que existe un movimiento social independiente, ajeno a grupos ecologistas y a partidos políticos, que ha salido a la calle para rechazar la decisión adoptada por el Consejo de Ministros a instancias del titular de Industria, José Manuel Soria.

Estas personas, que han asistido de forma numerosa especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, han expresado además su firme apuesta por la consecución de un cambio de modelo energético, rechazando el crudo y gritando consignas a favor de las denominadas energías limpias, de amplio desarrollo en Canarias por sus particulares condiciones climáticas.

Cabe preguntarse si los acontecimientos de este sábado permiten extraer una lectura significativa que ayude a entender la posición de la sociedad de las islas con respecto al petróleo. O lo que es lo mismo, si puede inferirse que estas manifestaciones implican un rechazo mayoritario del pueblo canario a las intenciones del Gobierno de España.

Atendiendo al número de participantes, no. En la mejor de las aproximaciones, este sábado han salido a las calles un total de 70.000 personas en todas las islas, 10.000 de las cuales lo habrían realizado únicamente en Fuerteventura. Este dato sí es más significativo, ya que representa aproximadamente al 10% de su población total.

Eso sin tener en cuenta que la Delegación de Gobierno habría rebajado la estimación de los organizadores desde las 70.000 a las 16.000 personas. Asumiendo que la cantidad de 70.000 manifestantes fuera válida, no parece razonable extrapolar que el tres por ciento de la población de las Islas pueda determinar la posición de los dos millones de habitantes del Archipiélago.

Haciendo un repaso al número de personas que acudieron a otras manifestaciones que han marcado la historia de esta comunidad, 70.000 participantes es un dato que no debería alertar al Gobierno del Estado, especialmente a la hora de valorar una posible reconsideración de su reciente Real Decreto.

Por citar tres ejemplos: 100.000 personas fueron a la manifestación en Tenerife de rechazo a la OTAN en 1986; 20.000 salieron en Gran Canaria en 2005 para exigir la construcción de la carretera Agaete-La Aldea y 300.000 abarrotaron Las Palmas de Gran Canaria en marzo de 1988 exigiendo la construcción de una universidad en Gran Canaria. Esta última ha sido la más extensa de la historia de esta comunidad.

Pero tampoco se puede entender que la no participación de buena parte de la sociedad en los actos que habían sido programados para hoy  supone una aprobación implícita al petróleo. Es más, este movimiento es muy reciente, apenas tiene dos semanas de vida, y en tan corto espacio de tiempo ya ha conseguido generar una extensa base social de rechazo a las prospecciones.

Y eso nos lleva al comienzo del texto. ¿Existe una masa crítica en las Islas que facilite el crecimiento de este movimiento? La respuesta es favorable y quién sabe si en la próxima convocatoria de manifestaciones este número se multiplica. Será entonces cuando las leyes de la física ayuden a determinar si la reacción que comenzó hace dos semanas no solo se mantiene, sino que crece de forma sostenida en el tiempo.

Doble mortal de Canarias contra el petróleo. Sobre las prospecciones (y II).

Las Islas han vivido históricamente de espaldas a Marruecos, a pesar del exiguo lazo de mar que nos une con un país y un continente –el africano- con el que el Archipiélago y sus habitantes han asumido desde tiempos antediluvianos que tienen poco que ver.  El canario siempre se ha sentido emocional y culturalmente más vinculado a Latinoamérica, no sin motivos de peso.

Pero lo cierto es que hasta ahora hemos mirado hacia oriente cuando las cosas venían mal dadas. Bien porque el reino alauí colocaba más tomate del pactado en los mercados europeos, bien porque prohibían a los barcos canarios faenar en los bancos de pesca saharianos, bien porque desde sus costas partían en barquillas hacia las Islas miles de personas desesperadas en busca de una vida mejor.

Desgraciadamente, con la cuestión petrolífera, las Islas deberán volver a mirar otra vez hacia donde menos están acostumbradas. Es decir, hacia el este. Nos guste o no, tendremos que poner el ojo en Marruecos. La posibilidad de paralizar la ejecución del Real Decreto que autoriza a Repsol a realizar las prospecciones en el Archipiélago es, según expertos como el jurista Javier Díaz-Reixa, factible.  

Eso sin contar la previsible  presión ciudadana canalizada a través de los distintos grupos ecologistas y de oposición al petróleo que se están organizando en distintos puntos del territorio isleño, con en especial intensidad, en Fuerteventura y Lanzarote. 

Pero en el supuesto hipotético de que se cancelaran o retrasaran los trabajos de Repsol, ¿qué pasaría con los permisos entregados por Marruecos a empresas del sector petrolero para comenzar los sondeos este mismo año bajo sus aguas? Aquí van algunas claves que ayudarán a entender el difícil panorama legal y ecológico con el que se tropiezan las Islas en este segundo caso.

LAS CORRIENTES

Empecemos por la parte que atañe al medio ambiente. Las licencias que Marruecos ha concedido a Tangiers Petroleum Ltd. y a Pura Vida Energy para realizar las prospecciones contemplan que éstas sean llevadas a cabo en varios bloques situados frente a Tarfaya, en un área extensa,  de unos 15.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los sondeos se harán en zonas relativamente cercanas a las Islas, a unos 60 kilómetros.

La gran cuestión no es ya la proximidad que existe entre el Archipiélago y las zonas de prospección y futura extracción, sino como explica el catedrático de zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Santiago Hernández, la conexión en cuanto a las corrientes marinas que existe con la costa africana.

“Hay un transporte neto continuo entre África y Canarias”, explica sin dejar lugar a dudas Hernández. Este transporte, que varios científicos de distintas universidades han estudiado durante años con el lanzamiento de boyas seguidas por GPS o con mediciones de la temperatura del mar, incluye desde larvas a partículas, plancton o especies como la caballa o la sardina.

De ahí que actualmente los especialistas puedan asegurar sin lugar a equivocarse que más allá de las consecuencias puramente ecológicas derivadas de la instalación de plataformas en aguas de Marruecos, un vertido desplazaría hasta todas las islas el petróleo derramado en aguas territoriales del país vecino.

Es decir, que por el sistema de corrientes, aquello que ocurra en la costa africana afectará a todo el Archipiélago, no sólo a Fuerteventura y Lanzarote; sin olvidarnos de que los mismos estudios demuestran que el derrame podría avanzar más allá de los 500 kilómetros, pudiendo darse la paradoja de que un hipotético vertido en aguas marroquíes llegara a desplazarse, incluso, hasta Madeira.

MALA SALIDA LEGAL

¿Y cómo podría Canarias defenderse de este posible perjuicio en caso de accidente en Marruecos? Desgraciadamente, existen pocas herramientas. Según Díaz-Reixa, la única opción que tiene Canarias para evitar la instalación de la industria petrolera frente a sus costas, aunque en aguas marroquíes, es pedir ayuda a la Unión Europea para que ésta presione políticamente al Reino de Marruecos.

“Marruecos no es firmante de tratado medioambiental alguno”, explica el abogado, que recuerda que este país tiene una normativa “muy laxa” en cuanto a la protección de los valores naturales.  Dada la actual situación, la única salida que tendría el Archipiélago es presionar para que, por ejemplo mediante la consecución de tratados preferentes en la distribución de productos del sector primario, la UE convenciera a Marruecos de que se olvidara del petróleo.

Pero Marruecos no va transigir. El petróleo es un negocio mucho más lucrativo. Y muestra de eso y del momento determinante que vive la carrera petrolífera en el país vecino es la reacción de Tangiers Petroleum Ltd. y Pura Vida Energy cuando se les requiere para realizar una entrevista con sus directivos.

La empresa que lleva la gestión de la comunicación de ambos, que curiosamente es la misma, te despacha con un bucólico: “it turns out the companies have a lot on their plate at the moment and are not in a position to comment at this time”. Es decir, que se están jugando mucho y nos les conviene entrar a valorar ninguna 

cuestión que rodee este tema.

Por ello la lucha de los canarios contra la industria del oro negro se prevé larga y con distintos frentes, dado que si bien el frente español podría llegar a detenerse, el flanco marroquí de la cuestión no solo permanece abierto, sino disparado hacia su consecución con un objetivo claro a corto plazo: la apertura de dos pozos previstos para mediados de año.

Si desertas, no esperes ser bienvenido. Sobre las prospecciones (I)

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba de forma sorpresiva –la decisión no se esperaba al menos hasta el verano- el Real Decreto que da luz verde a Repsol para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas frente a Canarias.  

Estaban pendientes de ser realizadas desde 2001,  cuando otro gobierno del Partido Popular, entonces liderado por José María Aznar, puso en marcha el proceso administrativo necesario para confirmar que bajo el lecho marino que se extiende al este del Archipiélago se esconde, al menos, el 10 por ciento del consumo de crudo en España.

Esta decisión, tomada paradójicamente por el ministro de Industria canario José Manuel Soria, ha conseguido levantar un frente común en las Islas de oposición a las futuras prospecciones.

Tanto desde la sociedad civil, a través de movimientos ecologistas y ciudadanos, como desde las instituciones canarias –cabildos, ayuntamientos y Ejecutivo regional- se han apresurado a rechazar el Real Decreto, que califican de perjudicial para los intereses regionales, tanto desde el punto de vista económico, por sus efectos nocivos sobre el turismo, como medioambiental.

Sin embargo, parece poco probable que Canarias vaya a enfrentarse desde la unidad a esta luchar por evitar que Repsol perfore definitivamente  en los cuadrantes delimitados frente a Lanzarote y Fuerteventura.

Los ecologistas ya han precisado que no estarán al lado del Ejecutivo autonómico, y en particular de su presidente, Paulino Rivero, que por cierto ha hecho de su frontal negativa a las prospecciones una bandera con la que tapar a los 279.000 parados que hay censados en Canarias, un paño que le ha servido también para acusar al Gobierno de España de comportarse con  las Islas del mismo modo en que las antiguas metrópolis lo hacían con sus colonias.

Esta ausencia de un bloque común contra uno de los mayores riesgos ecológicos a los que se ha enfrentado esta región, según explican la mayoría de los expertos, se debe a la posición mantenida por Coalición Canaria, no hace tanto tiempo, en cuestiones vitales para la biodiversidad de este territorio, en especial, el Catálogo de Especies Amenazadas.

A pesar de haber encontrado la oposición más encarnizada de la mayoría del mundo académico, así como de los movimientos ecologistas, Coalición Canaria –y el Partido Popular- defendieron a capa y espada en el Parlamento  la aprobación del nuevo catálogo, la construcción del Puerto de Granadilla o la instalación (futura) del gas en Gran Canaria y Tenerife.

Mención aparte requiere el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), cuyo secretario regional y vicepresidente autonómico, José Miguel Pérez, no escondió hace algo más de un año su predisposición a que Repsol llevara a cabo los trabajos de exploración argumentando, dijo entonces,  que solo veía “ventajas” tanto en seguridad como en cooperación.

Entre ese momento y ahora han mediado unas elecciones regionales y su posterior incorporación al pacto con el que junto a los nacionalistas gobiernan en las Islas Canarias, y en virtud del cual,  Pérez es ahora vicepresidente del Gobierno canario. Ay, qué dura es la hemeroteca de los periódicos para según qué cosas.

Ante tal panorama, y durante una charla informativa este martes en Las Palmas de Gran Canaria organizada por Ben Magec, este colectivo se apresuró a clarificar su posición respecto al neo-medioambientalismo de CC y PSC. “No habrá boda con el Gobierno de Canarias. No compartimos ni coincidimos su postura en temas como el gas o el catálogo de especies. No nos casaremos con ellos”, han afirmado de manera rotunda.

Un ejercicio previsible de coherencia de este grupo ecologista, uno de los mayores azotes de Coalición Canaria en todas aquellas decisiones recientes que han afectado a los valores naturales del Archipiélago. Lamentablemente cabe preguntarse si no sería más eficaz para la consecución del objetivo que Gobierno regional y ecologistas crearan un frente común con el que luchar por la paralización de las prospecciones.

Pero éstos últimos están legitimados para mirar al Ejecutivo Regional, dada su actual composición y el historial que les avala, y recordarles que si un día desertaron de la causa medioambiental, no pueden esperar ahora ser bienvenidos.